También ha pedido el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en México, así como la dotación de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes.
MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) – La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha reconocido los esfuerzos de México para lograr «el pleno acceso a la verdad y la justicia» en el caso Ayotzinapa, por el que se acusa al anterior Ejecutivo de mentir y encubrir la desaparición de 43 estudiantes en 2014.
Así lo ha anunciado este lunes en un comunicado el organismo, en el que ha resaltado que el informe presentado recientemente por el presidente de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa es una muestra del «más alto nivel» del intento del Ejecutivo de López Obrador por conocer la verdad acerca de lo ocurrido.
«La información hecha pública por el presidente de la comisión es un paso importante para apuntalar el actuar diligente, coordinado y responsable de todas las autoridades del Estado mexicano hacia el objetivo compartido de llegar a la verdad de lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa», ha expresado el representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado.
«En línea con los estándares internacionales, es fundamental que en este proceso las autoridades mantengan un diálogo permanente con las familias y las personas defensoras de Derechos Humanos que las acompañan y se garantice el acceso a toda la información generada y la que se pueda obtener en el futuro», ha añadido.
En este sentido, la ONU-DH ha resaltado la nueva información aportada sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque a los estudiantes, la participación de agentes estatales y no estatales, las omisiones y falta de reacción de las autoridades y las irregularidades de la investigación inicial, «corrobora y amplifica lo que previamente habían comenzado a delinear padres y madres, organizaciones acompañantes y expertos internacionales».
La ONU-DH ha subrayado la importancia de que ahora sea el Gobierno el que lo ratifique de manera oficial en un informe público.
Asimismo, la organización ha señalado que «es fundamental» que la Fiscalía asegure, en el desarrollo de las nuevas judicializaciones, «una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas, observe el debido proceso y la independencia judicial».
Por último, ha resaltado la importancia de que la información dada a conocer lleve a las autoridades a adoptar medidas inmediatas «acordes con la gravedad del caso», entre las que se encuentran, «como mínimo, una depuración inmediata del funcionariado que haya participado activa o pasivamente en los hechos de septiembre del 2014».
También ha pedido el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en México, así como la dotación de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes.
«Estamos ante un momento crucial para llegar a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa», ha mencionado Fernández-Maldonado.
«La llamada verdad histórica resulta hoy aún más insostenible. Se debe seguir avanzando hacia el derecho a la verdad, que comprende conocer las circunstancias que permitieron el ataque contra los estudiantes, la secuencia de los hechos, el rol del Estado y los grupos delincuenciales en la confabulación criminal y el destino final de los estudiantes con base en pruebas fehacientes» ha agregado.
Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, estado de Guerrero, desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.
La primera versión oficial (la «verdad histórica») fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos ahora refutados por una nueva investigación.
